Equipo Jurídico Pueblos

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miércoles, 10 de agosto de 2016

ASAMBLEA DE SINALTRAINAL SE PRONUNCIA SOBRE EL PLEBISCITO

Resolución de Asamblea General Nacional de delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario “SINALTRAINAL”, y 

Considerando:

1.- Que en la Habana Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” y el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, están negociando para llegar a un acuerdo de finalización del conflicto armado.

2.- Que el Gobierno de Juan Manuel Santos, para refrendar el acuerdo que firme con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”, tenía como opción hacer una Constituyente, Referendo o Plebiscito.

3.- Que el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”, acordaron como mecanismo de refrendación del acuerdo, realizar un plebiscito para que el pueblo en las urnas, diga si está o no de acuerdo con lo firmado en la mesa de negociación de la Habana Cuba, para finalizar el conflicto armado entre las partes.

4.- Que el acuerdo que se firma entre Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” y el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, no logra la paz para Colombia, si permite superar el conflicto armado entre las partes.

5.-  Que el acuerdo que se firma entre Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” y el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, es un hecho histórico, que puede permitir al pueblo, crear un escenario para avanzar hacia la solución al conflicto polítco, Social, Económico y acordar la paz para Colombia.

6.- Que el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, ha reafirmado que con el acuerdo que firma con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”, no cambia el modelo económico.

7.- Que al tiempo que el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, negocia y firma el acuerdo de finalziación del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”, sigue profundizando el sistema capital y las políticas impuestas, el modelo neoliberal, eliminando los derechos del pueblo, reprimiendo a los sectores y organizaciones que protestan reclamando soluciones a los graves problemas sociales y la falta de democracia.

8.- Que con el acuerdo de finalización del conflicto armado que firman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”, con el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, la oligarquía no se compromete a cambiar el modelo económico, ni a resolver los problemas sociales, políticos, de democracia y soberanía para todo el pueblo; siguen siendo éstos, un objetivo a conquistar por medio de la lucha de todos los sectores y organizaciones sociales y políticas del país.

9.- Que la dejación de armas, el proceso de conversaciones y la decisión del acuerdo de finalización del conflicto armado, que firmael gobierno de Juan Manuel Santos, es una decisión autónoma y del fuero interno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”.

10.- Que en el proceso de negociación y acuerdo que firman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” y el Gobierno de Juan Manuel Santos, no se posibilitó la participación directa de la población.

11.- Que el contenido del acuerdo que firman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” y el Gobierno de Juan Manuel Santos, no fue consultado, ni decido con el pueblo.

12.- Que procesos anteriores de negociación política del Gobierno Nacional y otras organizaciones insurgentes, no resolvieron la falta de Soberanía, democracia y los problemas sociales.

13.- Que los aparatos de represión paramilitar siguen siendo usados por la oligarquía contra el pueblo.

14.- Que el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, ha anunciado que ha realizado conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional “ELN” y no se ha instalado la mesa de conversaciones.

15.- Por lo anteriormente expuesto,

Resuelve

1.- Tenemos algunas diferencias con el contenido del acuerdo de finalización del conflicto armado que firman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Entendiendo que los acuerdos que en la Habana se consolidan, no recogen a toda la población y no entrega una solución profunda a los problemas Políticos, Sociales y Económicos.

2.- Dejar constancia que el acuerdo firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” con el Gobierno de Juan Manuel Santos, no puede comprometer o ser usado por el Estado Oligarca contra nuestros derechos y libertades.

3.- Respetamos profundamente la decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”, de dejar las armas y firmar el acuerdo para finalizar su confrontación armada con el Estado.

4.- Saludamos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP”, hayan decidido continuar la lucha política por la vía institucional.

5.- Exigimos del Estado, la convocatoria de una Constituyente democrática y popular, con participación de todos los sectores sociales, populares y políticos del país, para resolver los problemas sociales y políticos que dieron origen al conflicto.

6.- Convocar a los afiliados de Sinaltrainal, familiares y población en general a respaldar el plebiscito y acudir a las urnas a votar por el si al acuerdo, que surja de la mesa de negociación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” y el Gobierno Nacional,  para poner fin al conflicto armado.

7.- Ratificar nuestro compromiso y convocar a los afiliados de Sinaltrainal, familiares, amigos y pueblo en general a continuar luchando para lograr la paz con justicia social.

8.- Dejar constancia, que respaldar el acuerdo de finalización del conflicto armado que firman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo “FARC-EP” y el gobierno nacional, no significa que estemos apoyando la política antisocial del gobierno de Juan Manuel Santos.

9.- Rechazar la política antisocial y neoliberal aplicada por el gobierno de Juan Manuel Santos.

10.- Convocar a todos los trabajadores afiliados a Sinaltrainal y pueblo en general a fortalecer nuestras organizaciones y a continuar movilizándonos contra la política antisocial y neoliberal del gobierno de Juan Manuel Santos y los patronos.

11.- Exigir que se habilite la mesa de negociación política entre el Gobierno Nacional y el Ejercito de Liberación Nacional “ELN”

12.- Exigir del Estado de Colombia, el desmonte del paramilitarismo, el ESMAD y todas las formas de represión usadas contra el pueblo.

13.- Ratificamos nuestro compromiso de lucha y continuamos en el camino por la conquista de la Democracia, la Soberanía, y la búsqueda de la verdad para acordar la Paz con Justicia Social. 

14.- Comuníquese publíquese y cúmplase,

Dada en Asamblea General Nacional de Delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario “SINALTRAINAL” No 187, realizada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días de Julio de 2016.

miércoles, 27 de julio de 2016

¿Paz en Colombia?

Miércoles 27 de julio de 2016, por Javier Giraldo M. S.J.

Javier Giraldo M. S.J.
Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones.

Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.

Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:

1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.

2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.

3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.

4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?

5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.

6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.

Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.

A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.

La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.

Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.

En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.

Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Roma, julio 4 de 2016 -

jueves, 21 de julio de 2016

INPEC IMPLEMENTA PASEO DE LA MUERTE A CIRO BALLONA INTERNO DE LA CÁRCEL DE PALOGORDO - GIRÓN

Denuncia pública por falta de atención a la salud, por tortura y paseo de la muerte a prisionero  Palogordo - Girón
La población de prisioneros de la comunidad número tres de la Prisión de Palogordo - Girón, se permite informar y denunciar ante la comunidad nacional e internacional, organismos de control y organizaciones defensoras de los derechos humanos, del grave estado de salud del compañero CIRO ALFONSO BALLONA ORTÍZ quien padece hemorroides crónica y quien requiere de manera inmediata intervención quirúrgica con carácter urgente, por cuanto al hacer sus necesidades fisiológicas expulsa chorros de sangre, deteriorándose su salud cada día que pasa.

Se interpuso acción de tutela para salvaguardar su derecho a la salud, derecho que fue tutelado por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga bajo el radicado 2016-00144-00, sin que hasta la fecha el INPEC y el CONSORCIO DE SALUD garanticen los derechos de CIRO BALLONA y por el contrario se le someta al llamado “Paseo de la Muerte”, Torturas, tratos crueles e inhumanos, que nos permitimos detallar.

1. El domingo 17 de julio de la presente anualidad, CIRO BALLONA fue valorado por el galeno del área de sanidad el doctor DIEGO RAMÍREZ, quien le formuló 8 ampollas de dexametasona, ibuprofeno, diclofenaco y bisacodilo, desafortunadamente ninguno de esos medicamentos existen en la farmacia de la penitenciaria y al día de hoy no le han sido suministrados.

2. El día 18 de julio siendo las 7:00 a.m., CIRO BALLONA fue llevado a la jaula de recepciones y allí permaneció hasta las 4:00 de la tarde, durante todo el día no le suministraron su dieta alimenticia y posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital, donde una doctora lo observó y le dijo que ella no podía hacer nada sobre esa hora (7:00 p.m.), regresándolo en un bus del INPEC a la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

3. En la Cárcel Modelo, CIRO fue sometido a pasar la noche allí a pesar de estar sangrando a chorros por el ano, fue obligado a dormir en el cuarto de locutorios en el físico suelo y bajo la inclemencia del frio, sin modo de hacer sus necesidades fisiológicas porque en dicho cuarto no hay orinal ni baño, ya sobre las 5:00 a.m. del día siguiente, fue sacado y ubicado en una jaula contigua a la cancha y allí permaneció hasta las 3:30 de la tarde y posteriormente fue trasladado en ambulancia a una estación de policía en girón, donde permaneció en un calabozo hasta que llegó otra ambulancia que lo llevo al hospital pero no para atenderlo sino para recoger internos que junto con el fueron trasladados de regreso a la prisión de Palogordo - Girón siendo las 5:30 p.m., dejándolo nuevamente en la jaula de recepciones donde permaneció encerrado hasta las 7:00 p.m. y luego conducido al patio número 3.

Lo anterior demuestra el grado de indolencia y deshumanización de los funcionarios del INPEC, del director LUIS FRANCISCO GÓMEZ BENÍTEZ del EPAMS - Girón y del CONSORCIO DE SALUD de los presos, al someter a tratos crueles e inhumanos y degradantes a CIRO BALLONA por la desatención médica y quien fue sometido a dormir como un perro sin amo en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, constituyéndose así el llamado pase de la muerte.

Al día de hoy el prisionero CIRO BALLONA, sigue botando chorros de sangre a raíz de la hemorroides crónica que padece, sin que las autoridades del INPEC y de SALUD le garanticen su sus derechos, al punto de mantener una actitud de indolencia lo cual nos ha obligado a declararnos  en desobediencia pacifica, la cual consisten en cese total de actividades e iniciando huelga de hambre indefinida hasta tanto el INPEC y el CONSORCIO DE SALUD y los ENTES DE CONTROL se comprometan a atender al compañero CIRO BALLONA

Por último, hacemos responsables al DIRECTOR DEL PENAL, AL CONSORCIO DE SALUD y los ÓRGANOS DE CONTROL, del deterioro de salud y vida del compañero CIRO BALLONA, igualmente solicitamos que secén los vejámenes y tratos crueles contra el compañero en condición de enfermo, exigimos que se le atienda de manera urgente e inmediata.

!!!Nuestra dignidad no se negocia!!!  

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO - MNC
COMUNIDAD CARCELARIA PATIO TRES

DÍA MUNDIAL CONTRA LAS MULTINACIONALES, POR SOBERANÍA, CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO Y POR LA MEMORIA DE LOS PRESOS Y DETENIDAS VÍCTIMAS DE TORTURA Y SOMETIDAS A MUERTE POR EL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y APOYO A LA LEY DE DESHACINAMIENTO CARCELARIO

Invitación

Éste 22 de Julio de 2016, participa del Día Mundial Contra las Multinacionales, por Soberanía, Contra la Impunidad de los Crímenes de Estado y por la  memoria de los presos y detenidas víctimas de tortura y sometidas a muerte por el régimen penitenciario y apoyo a la ley de deshacinamiento carcelario. 

Colombia atraviesa por una de sus peores crisis y quienes tienen el poder y gobiernan ejercen la explotación, expropiación, represión y opresión más brutal sobre las mayorías a quienes han hundido en el hambre, la desnutrición, la precarización, la pobreza, la indigencia y pretenden seguir quitándole los pocos derechos que aun quedan y no se inmutan en resolver los graves problemas sociales.

Ante las expresiones de inconformismo social la respuesta estatal es la represión. La protesta es militarizada. El alto gobierno anuncia fortalecer el Esmad ante una etapa de mayor movilización social. Desde las esferas de poder, la cárcel es vista como la única solución, mientras tanto, miles de colombianos mueren lentamente víctimas del aterrador sistema carcelario en la que predomina el concepto de seguridad en desmedro de los derechos humanos de la población privada de la libertad.

La política neoliberal aplicada en Colombia arroja inmensos beneficios para los capitalistas extranjeros dueños de las multinacionales, grupos financieros y los oligarcas criollos propietarios de los  conglomerados nacionales que se asociaron para crear un régimen de terror contra la población, para apoderarse de nuestros mercados y fuentes de materias primas agrícolas, minerales y energéticas, controlan la tecnología e infraestructuras y monopolizan las finanzas. Se  transformaron así en dueños de la industria, el comercio y los servicios, acelerando el proceso de transnacionalización, reprimarización y financiarización. Se aliaron con la oligarquía criolla y los narcoparamilitares para “limpiar” los territorios de donde extraen carbón, petróleo, gas natural,  níquel, oro, platino y plata y quitarles la tierra a campesinos, afrodescendientes e indígenas a fin de expandir los cultivos de palma africana, banano y caña de azúcar.

Contra ésta cruel política, participa el 22 de julio de 2016, de la Caravana de denuncia que iniciará a las 5:00 A.M., frente a las instalaciones de la multinacional Coca Cola en el Kilometro 2 vía a Girón, pasando por varias empresas e instituciones del área metropolitana de Bucaramanga, además plantones en la cárcel de Mujeres de Bucaramanga -Chimitá- y en la cárcel Modelo de Bucaramanga, llegando a las 3:00 p.m. a la plazoleta Luis Carlos Galán frente al Palacio de Justicia, donde realizaremos el acto cultural, en memoria de las victimas, los luchadores políticos detenidos y reivindicar la resistencia contra éste antisocial modelo económico.

Bucaramanga, 12 de julio de 2016

Convocan: 

Sinaltrainal, Equipo Jurídico Pueblos -EJP-, Somos Acción Libertaria, Movimiento Nacional Carcelario -MNC-,  Sintraincopmed, Uso, Unimotor, Sintratextil, Frente Amplio Estudiantil -FAE-, Sintracap, Sintraine, Sintraclinicas, Equipo de asistencia humanitaria y carcelaria agregado CUT - Santander, Colectivos de presos políticos de la cárcel de Palogordo.

lunes, 18 de julio de 2016

PRESOS DEL PATIO SEIS DE PALOGORODO SE COSEN LOS LABIOS EXIGIENDO ATENCIÓN EN SALUD

Los internos del patio numero 6 entramos en desobediencia pacífica para reclamar nuestros derechos a la salud y derechos administrativos los cuales vienen siendo vulnerados sistemáticamente por la dirección del EPAMS Girón - Santander.

Por lo anterior, nos vemos obligados a cosernos la boca para entrar en huelga de hambre hasta que nos solucionen nuestros problemas.

Hemos agotado todos los recursos jurídicos, como la tutela y derechos de petición. Además acudimos a nuestras banderas de lucha para hoy entrar en esta desobediencia pacifica  reclamando nuestros derechos administrativos y jurídicos.

Vamos a esta forma de protesta pacífica como la huelga de hambre, obligados a cosernos la boca hasta el tiempo necesario para que nos clasifiquen en fase de mediana y mínima seguridad, lo cual no se ha hecho por negligencia de la administración; muchos presos lleva hasta cuatro y más años pasados para ser clasificados en mediana seguridad y acceder a los beneficios administrativos como la libertad condicional, 72 horas, entre otros.

Palogordo, 19 de julio de 2016.

Iván Galvis Aparicio  TD 2462
Jimmy Alejandro Hurtado TD 4302
Harlie Zaan Espitia TD 3957
Juan Francisco Galvo  TD 444
Sergio Andrés Tarazona TD 6398
Oscar Fonseca TD 6374
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO - MNC

ATENTADO CONTRA TESTIGO DE LA MUERTE DEL INTEGRANTE DE COMUNIDADES NEGRAS ASESINADO EN CHIRIGUANÁ POR LA POLICIA NACIONAL

Naimen Agustin Lara
El 17 de julio de 2016, en el punto de Boca del Puente, en la entrada al corregimiento de la Sierrita del municipio de Chiriguaná atentaron contra la vida de una de las familiares, testigo del homicidio de NAIMEN AGUSTIN LARA perpetrado por la Policía Nacional el pasado 11 de julio en el marco de una protesta de la comunidad en la que exigían mejor servicio de salud. 

La joven YERALDIN LARA BITTA de 19 años de edad, se desplazaba desde Cruce hasta su residencia siendo perseguida por un hombre desconocido. Ante la situación y el temor que sintió, ella logró comunicarse con una prima a quien le dijo que estaba siendo objeto de seguimiento por una persona extraña. La familia y la comunidad de manera inmediata procedieron a buscarla. Tiempo después la encontraron en una parte solitaria muy cerca del lugar donde NAIMAN AGUSTIN  fue asesinado.

La Joven estaba inconsciente, en ropa interior, la blusa y el pantalón rasgados violentamente, con un nylon sobre su cuello ya que su victimario intentó asfixiarla; sus objetos personales: celular, un bolso y una cadena de oro fue halladas en el lugar.

De inmediato fue traslada al hospital del municipio donde recibió la atención médica, allí se pudo observar que fue fuertemente golpeada en la frete al parecer con un ladrillo y en el abdomen con un objeto contundente, se  observa fuertes señales de violencia en su cuello.

Lo que Yeraldin ha podido comunicar a la familia, es que se trataba de un hombre corpulento que en todo momento la amenazó con un arma blanca, llevaba capucha, que le manifestó que no fuera a declarar por la muerte de su tío de lo contrario ella o su familia se morirían. En el lugar de los hechos se encontró el nylon y cuchillo siendo entregado a la policía nacional. Según exámenes realizados hasta el momento se descarta que haya sido accedida carnalmente, aunque por la forma como fue hallada es posible hablar de violencia sexual contra la joven.

Responsabilizamos directamente al Estado colombiano por este grave hecho y de cualquier atentado contra la vida o integridad personal de la familia LARA y cualquier otra víctima o testigo del accionar criminal del Esmad y de la Policía de Chiriguaná. 

Exigimos de manera inmediata la adopción de medidas preventivas y de protección, entre otras el relevo o destitución de todo el personal policial asignado a esta región que participó en las acciones de agresión contra la comunidad que protestaba.

Exigimos igualmente resultados inmediatos en las investigaciones por lo ocurrido, la asignación especial del caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH y que la Procuraduría General de la Nación asuma la indagación disciplinaria, retirando de la Policía Nacional cualquier labor investigativa.

Bucaramanga, 18 de julio de 2016

Equipo Jurídico Pueblos

sábado, 16 de julio de 2016

EN RECHAZO A LA REVICTIMIZACIÓN DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA

DENUNCIA PÚBLICA

  

Las organizaciones políticas, del movimiento social, defensoras de derechos humanos y de prisioneras y prisioneros políticos, organizaciones de mujeres y personalidades abajo firmantes: 

DENUNCIAMOS QUE

A pesar de los anuncios del gobierno y la insurgencia de las FARC-EP sobre la cercanía de un Acuerdo final, el Estado sigue dando muestras de su accionar represivo.

Lejos de ajustar su actuación en clave de generar confianzas en la nueva etapa que se avecina, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha decidido dar continuidad al proceso de cobro coactivo en contra de la socióloga y defensora de derechos humanos Liliany Patricia Obando Villota, pretendiendo a través del mismo ejecutar la multimillonaria multa impuesta como parte de la pena por el delito de rebelión.

Sentencia, que debe recordarse, fue proferida en desarrollo de un cuestionado proceso, en el que se vulneraron todo tipo de garantías judiciales. Liliany no sólo fue condenada mediáticamente incluso desde antes de su captura, violando su derecho a la presunción de inocencia y a su intimidad, sino que la determinación judicial se basó en pruebas ilegales, desechadas por la Corte Suprema de Justicia en otras actuaciones.

Sumado a ello, tanto los medios de comunicación como las determinaciones de los operadores de “justicia” reprodujeron una constante violencia de género, sometiéndola a un “sutil” maltrato a su condición de mujer. A su presentación ante la opinión como la “amante” o “compañera sentimental” del abatido comandante de la insurgencia Raúl Reyes, lo cual refleja la forma como la asignación de roles sociales a la mujer se reproducen en los procesos judiciales denigrando de la condición femenina, se sumaron repetidas negativas al reconocimiento de los beneficios que la ley contempla para las madres cabeza de hogar, que como Liliany deben asumir solas la responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos.

Hoy, esta misma violencia de género se reproduce con la decisión de perseguir el patrimonio de su familia, para supuestamente reparar a sus presuntas víctimas, que jamás existieron en el proceso penal.

El Estado sigue empeñado en continuar un proceso de inversión de la verdad, tratando como victimarios, a quienes en realidad son víctimas del abuso del poder judicial y su uso como arma de guerra.

Mientras se anuncia la próxima implementación de un Sistema Especial de Justicia y una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que permitirá, entre otras cosas, la revisión de sentencias proferidas arbitraria e ilegalmente, se persiste en el ensañamiento contra quienes han sido sometidas a la cárcel y el escarnio público, por sus supuestos vínculos con la insurgencia.

La determinación contenida en el auto 4325 de mayo 31 de 2016, en contra de Liliany Obando, emanada de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que reza: “… ORDENAR el embargo del bien inmueble…”, no sólo constituye una afrenta en la construcción de confianzas en este momento crucial del proceso con las FARC-EP, sino que es un claro reflejo de una política estatal que desconoce por completo una perspectiva de género en sus actuaciones, al perseguir sin miramiento alguno de su condición social, a las mujeres que se enfrentan a la realidad de proteger y garantizar la estabilidad integral de sus hijas e hijos.

Ante esta nueva evidencia de la violencia estatal, hacemos un llamado a la solidaridad. Un llamado a rechazar la continuidad de la política de guerra que sigue usando el gobierno en las decisiones jurídicas contra quienes han sido condenados por su pensamiento crítico, como Liliany Obando.

Rechazamos cualquier tipo de estigmatización, persecución y revictimización contra Liliany.  La paz son cambios y no discurso, por ello, el silencio  NO es alternativa!


PETICIONES

Solicitamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos, defensoras de la Paz y la Justicia Social, nacionales e internacionales, enviar cartas de apoyo y solidaridad con Liliany y de presión a las instituciones colombianas, solicitando:

1.    La SUSPENSIÓN de la medida de cobro coactivo de la multa y embargo de su inmueble familiar (Radicado No. 20161120039833, Auto 4325 del 5/31/2016), para que su caso pueda ser revisado en la JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, en consecuencia con lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones de Paz entre el gobierno Santos y las FARC en el Punto V de la agenda: VICTIMAS.

2.    Que cese la estigmatización, persecución y revictimización en contra de la Socióloga y Defensora de Derechos Humanos LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA.

3.    Que se garantice el respeto a su vida, su integridad física y moral y la de su familia.


Sus cartas de presión y solidaridad con Liliany puede dirigirlas a las siguientes direcciones, con copia a:

RED INSPP  - Correo electrónico: contact@inspp.org

JUAN MANUEL SANTOS
PRESIDENTE DE COLOMBIA
Dirección: Casa de Nariño, Carrera 8 No. 7 – 26 Bogotá
Correo electrónico: contacto@presidencia.gov.co
http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Gobierno/Paginas/JuanManuelSantosCalderon.aspx


ALAN JARA
Director
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Dirección: Calle 16 No. 6 – 66 Edificio Avianca

IVAN SARMIENTO GALVIS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Dirección: Carrera 6 No. 14 – 98

Doctor
SERGIO JARAMILLO
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ
Dirección: Casa de Nariño, Carrera 8 No. 7 – 26 Bogotá


DELEGACIÒN DE PAZ DE LAS FARC – EP
La Habana – Cuba



Firman,

GLORIA INÉS RAMÍREZ, Ex Senadora de la República

LILIA SOLANO, Relaciones Internacionales de la Unión Patriótica, Consejera del Consejo Nacional de Paz

MARK BURTON, abogado defensor de Derechos Humanos (EEUU)

JUSTICE FOR COLOMBIA (Inglaterra)

MARCHA PATRIÒTICA

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

COMISIÓN DE SOLIDARIDAD CON LAS DETENIDAS Y PRESOS POLÍTICOS DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

DEPARTAMENTO DE MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

UN MILLON DE MUJERES DE PAZ

COLECTIVA JUANA JULIA GUZMÁN

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP

BRIGADA JURÍDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA – BJEUM

FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS - FCSPP

COMITÉ PERMANENTE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH

FUNDACION POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH DEL CENTRO Y ORIENTE DE COLOMBIA – DHOC

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

OBSERVATORIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS RAFAEL URIBE URIBE – ODDHHRUU

PAIS PLURAL

REBELDIA ENTRE MUROS

ASOCIACION NACIONAL PARA LA AYUDA SOLIDARIA – ANDAS

CAMPAÑA SOMOS DIGNIDAD

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

CAMPAÑA YO TE NOMBRO LIBERTAD

ROMPIENDO CADENAS

FAMILIARES CASO LEBRIJA


Más organizaciones y personalidades adhiriendo… ¡unidas y unidos por la Solidaridad y la Paz para Colombia!



Bogotá, Colombia, Julio 15 de 2016